Las primeras internas del Partido Peronista, cuyo presidente y afiliado número uno era, obviamente, el General, fueron el día de la primavera de 1947. En realidad, no había discusión alguna: todo lo digitaba el “líder supremo”.
Se eligieron 1.500 delegados, que aprobaron una carta orgánica que creó un Consejo Superior del partido, presidido por el propio Perón. Dueño de la sartén y el mango, Perón intervino el organismo poco después y lo dejó formalmente en manos del almirante Alberto Tessaire, quien por supuesto nunca decidió nada importante.
La referencia histórica es útil para poner en contexto cuál ha sido el peso político real de estar al frente de la estructura partidaria justicialista, cargo al que ahora aspira la expresidenta Cristina Kirchner: en un partido acostumbrado a manejar el poder -suma exactamente diez victorias en elecciones presidenciales, contra siete del radicalismo-, ese asiento resultó, en general, poco más que una distinción burocrática, porque la gracia estaba en conducir el país.
Por eso resulta tan revelador todo el barullo armado alrededor de la posible interna del 17 de noviembre entre Cristina y el gobernador riojano Ricardo Quintela, que incluye, como corresponde, presentaciones judiciales, operetas, denuncias y una gran chance de que finalmente no se realice. Habla de las intenciones de la expresidenta en particular y de los problemas del peronismo en general.
Esta última cuestión podría resumirse en una pregunta: ¿qué tiene para “vender” el peronismo como alternativa de poder?
Viene del peor resultado electoral de su historia, perdió por primera vez en 40 años el control del Senado, también por primera vez suma menos de 100 diputados y apenas ocho gobernadores, dos de los cuales tienen casi los dos pies en el oficialismo.
¿Cuál sería la oferta del peronismo para desbancar a Milei más allá de votarle todo en contra en el Congreso o repudiar cada una de las iniciativas libertarias? ¿Otra vez lo que hizo Cristina en 2011 o lo que hizo Alberto Fernández en 2019? No sólo tiene un problema de candidatos: el desconcierto atraviesa su plataforma básica. ¿Qué quiere decir hoy justicia social o independencia económica? ¿Cómo plantarse como defensores de los humildes cuando sus gestiones fabricaron más pobres que ninguna otra?
En ese sentido, como dice un lúcido politólogo responsable de una conocida consultora, el presidente Milei no debería tener más que agradecimiento, porque si bien la desastrosa gestión Fernández-CFK-Massa le dejó una herencia terrible en lo económico, también le dejó una gran herencia política: un recuerdo imborrable en mucha gente de lo que no quiere que se repita.
Este PJ tan debilitado no lo gozaron ni De la Rúa ni Macri.
Y Milei puede aprovecharlo. El lanzamiento de “La Carlos Menem”, la agrupación peronista-libertaria que se presentó este lunes en el Hotel Presidente, con algunas figuras del oficialismo y otras que sobreviven del menemismo, apunta a eso.
Por otro lado va la agenda de Cristina. Que se autopercibe ajena al infausto gobierno del cual ella fue vicepresidenta. Y de las consecuencias de tal gestión.
La expresidenta falló, es verdad, en creer que su sola autopostulación terminaría con la interna. Que todos se inclinarían mansamente ante su iniciativa. En cambio, se encontró confrontando con alguien surgido de su propio seno que pretende emanciparse y frente al riesgo de una elección casi imposible de realizar en lo fáctico. Un proceso que podría dejarle el sabor amargo de un triunfo de escritorio.
Pero lo revelador, nuevamente, es por qué Cristina se embarca en una pelea por un sello que siempre despreció. En principio, no puede tolerar que alguien invite a cantar canciones nuevas -aunque sea uno de sus protégés, como Kicillof-, fundamentalmente porque cree que ella es la única y auténtica lideresa peronista. La que toma las decisiones importantes. Cualquier otra cosa sería admitir su debilidad.
Segundo, porque existe la posibilidad de que el 13 de noviembre la Cámara Federal ratifique su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad. Y que entonces sea la Corte la que tenga la última palabra. Desde ese punto de vista, el máximo tribunal se vería más presionado si debe fallar contra la presidenta del partido más importante de la oposición que contra apenas la presidenta del Instituto Patria. ¿Se animarían los cortesanos a “proscribirla” como hizo la Libertadora con el General? ¿Cometerían semejante acto de lawfare?
Por el momento, no hay más que especulaciones. En concreto, más allá de las legislativas del año próximo, que parecen estar ya jugadas, el peronismo tiene hasta 2026 para encontrar alguna forma de renovación si pretende dar pelea por la Rosada en 2027.
Cuenta con un único gran consuelo: el radicalismo y el PRO están igual o peor.